La Superintendencia de Seguros (SS) le prohibió emitir pólizas de seguro y le inhibió todos los bienes a Interacción S.A., la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) del sindicato de los encargados de edificio (Suterh), que conduce Víctor Santa María. Fue a raíz de que el organismo de control detectó, en una inspección de rutina, un faltante de 203,5 millones de pesos en el balance del año 2015, un monto que supone un agujero de un 80% del patrimonio.
El plan de adecuación que presentó Interacción S.A. «en conjunto con las distintas gerencias del organismo» para «arbitrar los medios para garantizar la prestación de los servicios de sus beneficiarios» fue rechazado por la Superintendencia. Santa María confirmó a Télam que «ahora hay cinco días para apelar el rechazo y seguir trabajando como veníamos trabajando».
El dirigente gremial minimizó el caso y lo consideró un mero «error contable» para correr el eje del problema. «Hay una demonización contra los trabajadores y contra todos los que tuvimos alguna afinidad de pensamiento ideológico con el gobierno anterior», aseguró el líder del PJ Porteño y referente de la CGT, acusando al macrismo de estar detrás de una presunta maniobra para perjudicarlo. Santa María aportó un ejemplo para abonar su idea: «Hoy el sistema de las aseguradoras de riesgo de trabajo del país está crisis, por ejemplo Provincia-ART está muchísimo peor que nosotros, aunque la Superintendencia no le ha iniciado ni siquiera una demanda».
Según la auditoría, la ART del SUTERH tendría unos 5.000 juicios no registrados, lo que le elevó a los 1.400 millones de pesos el monto de capital exigido, para eventualmente, responder a esos litigios. La ART no tiene ese monto. Este combo colocó a la empresa en la obligación de tener que, de ahora en más, contar con el aval de la Superintendencia para pagar los pleitos.
La disputa entre el Gobierno y la ART del SUTERH esta judicializada desde mayo y el juez Claudio Bonadio es quien entiende en la causa.