Las Diputadas Nacionales Leonor Martínez Villada (Coalición Cívica) y Carla
Carrizo (UCR- Cambiemos) presentaron un proyecto para modificar el
procedimiento de designación del Defensor del Pueblo de la Nación y los
requisitos para ocupar el cargo, que se encuentra vacante desde 2009.
“Este legado inconstitucional del kirchnerismo es mencionado en el fallo de
la Corte sobre Tarifas por el Juez Rosatti y esa omisión y elección del FPV
ya obtuvo un fallo de la cámara federal III porque en 2015 fueron ONGS
quienes judicializaron la vergüenza institucional a la que había llegado la
Defensoría del pueblo, que hoy funciona a cargo del secretario general
porque no están ni los defensores adjuntos designados” señalaron las
diputadas y destacaron que “el error que se cometió con la designación de
Echegaray en la Auditoría de la Nación, nos enseña que quienes ocupan los
organismos de control no pueden depender solo de la mayoría del Congreso,
porque eso no significa control sino partidización y politización”.
“Esta modificación a la ley busca que los candidatos a Defensor sean
personas con credibilidad pública, se incorporan estándares de
transparencia habilitando a realizar impugnaciones antes de la designación,
nuevos requisitos como idoneidad, experiencia en la defensa de derechos
humanos e incidencia colectiva, y no tener procesos penales pendientes ni
haber sido condenado en sede penal, ni haber ocupado cargos electivos en
los últimos 5 años.” dijeron.
Finalmente, señalaron que “buscamos revertir la inacción progresiva de la
institución, teniendo en cuenta que dos fallos señalan esta grave omisión
del Congreso, y que los datos son alarmantes porque en estos años la
ciudadanía y sus derechos colectivos quedaron sin protección en Argentina,
y cuando eso ocurre, se activa el uso y el abuso de las cautelares, que
debe ser un recurso más pero no una práctica porque no funcionan las
instituciones que corresponden en el país”.
