El Bloque del Frente para la Victoria (FPV) en la Legislatura porteña
presentó un proyecto para regular el estacionamiento medido en la Ciudad,
que se contrapone en los aspectos más importantes al presentado por el
oficialismo y cuyos puntos fundamentales son: utilizar el estacionamiento
medido como una herramienta de ordenamiento del tránsito en arterias
principales de las áreas céntricas, un sistema público con un amplio
abanico de medios de pagos, la participación de la ciudadanía y el reparto
en la recaudación.

El FPV propone un sistema público a cargo del Estado y dispone que el
establecimiento de sectores tarifados de cada cuadra deba ser restringido y
estar acompañado con un informe técnico de nivel de demanda y saturación
que justifique su asignación.  A su vez, que el establecimiento de sectores
tarifados en vías secundarias y otras de menor jerarquía debe ser con
participación de las comunas.

Por otra parte, la iniciativa del FPV agrega medios de pago como SMS,
aplicación de celular, homebanking, entre otros. El vecino debe registrarse
sólo una vez, hasta mudarse o cambiar de vehículo, facilitando así el uso
del sistema.

En relación a la recaudación, el proyecto del FPV establece que los
ingresos netos producidos por el estacionamiento medido, acarreo, playas y
multas serán destinados el 33% para el fondo de extensión del subte; el 33%
para financiar la construcción del sistema de estacionamientos de carácter
disuasorio y 33% para el mejoramiento de las veredas, luminaria y arbolado
de la comuna donde se realizó la recaudación ejecutándolos en proyectos
elaborados por el presupuesto participativo.

Por su parte, el oficialismo elaboró un proyecto que favorece claramente a
las empresas. Obliga a la Ciudad a tomar deuda por U$S 18 millones, para la
compra de parquímetros que son entregados a las concesionarias y al igual
que los espacios donde se llevan los autos acarreados.

Asimismo, el PRO otorga a las concesionarias un ingreso fijo, que cubre
todos sus costos, más un 10% de los ingresos del sistema. Es decir, las
empresas no sólo tienen garantizada la cobertura de los costos e inversión,
que es casi nula, sino que son incentivados a acarrear la mayor cantidad de
autos posibles, y no los que efectivamente estén provocando inseguridad
vial o entorpeciendo el tránsito.

Desde el PRO también se busca ampliar los sectores con parquímetros al 50%
de la Ciudad, afectando a más del 65% de la población, y extender el
servicio de grúas a todos los barrios. La ley 4.888 sancionada en 2013
obliga al Estado a dar por finalizadas las concesiones actuales y estatizar
el servicio. Ésta ley está siendo incumplida y el nuevo proyecto favorece a
las empresas que actualmente están en funcionamiento, por ejemplo
permitiendo el uso de grúas usadas.

En el proyecto oficial aquellos vecinos que tengan estacionamiento medido
en su cuadra deben registrarse diariamente en el parquímetro, esto incluye
que los sábados deban realizarlo antes de las 8 de la mañana. Además,
ningún vehículo puede estar estacionado en el mismo lugar por más de 48
horas, ni siquiera en la puerta de sus casas. Ante cualquier incumplimiento
los autos deben ser acarreados por las grúas.

Una vez más se ve cómo la gestión del PRO busca beneficiar a empresas
privadas perjudicando al vecino, afectando su economía y su calidad de
vida. El FPV reconoce la necesidad de regular el estacionamiento en la
Ciudad, pero debe hacerse buscando el ordenamiento del tránsito, optimizar
el uso de los espacios disponibles para el estacionamiento vehicular en la
vía pública, favoreciendo la rotación, concediendo beneficios a las
personas residentes en los sectores próximos a sus domicilios.

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