El proyecto, que introduce la figura de «sobrendeudamiento» busca establecer procedimientos administrativos de prevención, saneamiento y reestructuración de pasivos de familias sobreendeudadas; entendiendo por ello «la imposibilidad de afrontar el pago de deudas contraídas en relaciones de consumo, cuando cumplirlas comprometería el acceso a bienes esenciales afectando la economía familiar, la salud psicofísica y el proyecto de vida en general.»
En este sentido, Gómez Parodi destacó la importancia de avanzar en la protección y ampliación de derechos de las familias bonaerenses, haciendo hincapié en el caso de aquellas que, por circunstancias imprevistas o que van más allá de su voluntad en tanto consumidores, estuvieran atravesando una situación de sobreendeudamiento: “La propuesta es modificar la Ley de Defensa del Consumidor para incorporar la protección a los consumidores frente al fenómeno del sobreendeudamiento. Creemos imprescindible que el Estado provincial oficie como árbitro en estos casos, y brinde asesoramiento y contención a un número cada vez mayor de familias que, de otro modo, ingresan en una espiral de endeudamiento que no sólo condiciona la posibilidad de planificar su organización a futuro, sino que muchas veces compromete la posibilidad misma de acceder a los bienes básicos para garantizar su subsistencia”.
Por su parte, el director provincial de Defensa del Consumidor Luciano Blanco hizo un racconto de las políticas que viene llevando adelante el Gobierno provincial en su materia, y subrayó la importancia del proyecto al señalar que dentro de las decenas de miles de reclamos que se tramitan, el rubro que más incidencia tiene es el de servicios financieros. Además, destacó la ley provincial de Defensa del consumidor como la primera en incorporar modificaciones para proteger a los “consumidores hipervulnerables” y en defender a los consumidores en el marco de la ley de Promoción de la alimentación saludable, conocida popularmente como de etiquetado frontal.
Por su parte Adrián Ganino, ex director nacional de Defensa del Consumidor hizo referencia al «bombardeo permanente» de publicidad que estimula en endeudamiento, presentándolo como una situación idílica que lejos está de la realidad. De ahí, explicó, la necesidad de legislar en la materia. Además, explicó que el proyecto hace especial hincapié en la mediación entre las partes, señalando que las oficinas municipales de Defensa del Consumidor cuando desarrollan una política activa tienen una tasa de solución de conflictos que en algunos casos ronda el 90 por ciento de los casos.
A su tiempo Samanta Lagrutta, ex directora de la OMIC de San Martin señaló que las consultas y denuncias relacionadas con situaciones de sobreendeudamiento “fueron la vedette de los últimos años, porque a la situación de deterioro del salario que se vive en nuestro país, se suma la oferta constante de acceso al crédito, que muchas veces son otorgados de manera irresponsable por parte de las entidades financieras. El resultado de esto es que muchas veces las familias se endeudan para comprar comida y otras muchas toman un crédito para cancelar otro que perciben como menos favorable”. Señaló, además, casos de estafas que llevan muchos años para resolverse en el ámbito del poder judicial. En el mismo sentido, especificó que el trato digno a los consumidores implica la correcta información acerca de las condiciones del crédito ofrecido y que el interés del acreedor por cobrar la deuda no puede justificar el hostigamiento al deudor.
Para finalizar, el juez Cristian Luisi aclaró enfáticamente que «este proyecto no es para que los deudores no paguen, todo lo contrario. Es para proteger a las familias que quieren pagar pero que no lo pueden hacer en las condiciones pactadas inicialmente”.
En este sentido, destacó como aspectos fundamentales del proyecto la suspensión de plazos judiciales mientras dure el reclamo administrativo, la exigencia de lealtad comercial por parte de los oferentes de crédito, y la educación financiera para los consumidores de modo que conozcan lo más cabalmente posible las consecuencias de adquirir un crédito e incumplir con los pagos acordados. «El proyecto busca equilibrar una relación desigual proveedor-consumidor», aseguró, y destacó el rol protagónico que se otorga en el proyecto a las Oficinas municipales de Información al Consumidor, a las que el proyecto busca empoderar, al igual que a los y las consumidores.
En este sentido el proyecto prevé que aquellos ciudadanos que consideren que se encuentran sobreendeudados puedan presentarse en las oficinas municipales o provinciales de Defensa del Consumidor para iniciar los reclamos. En caso de acreditarse esa condición -que de ningún modo hace referencia al endeudamiento para, por ejemplo, bienes suntuosos-, el ente daría inicio a un protocolo que busca la conciliación y reestructuración de la deuda. El acuerdo al que se llegue deberá ser homologado por el Estado provincial y podrá ser oponible judicialmente.
Entretanto, los plazos judiciales permanecerán suspendidos por hasta 90 días, a fin de evitar situaciones de embargo o inconvenientes que pudieran entorpecer la concreción del convenio.
Y, en el caso de que el proveedor no manifieste interés en resolver la situación, la autoridad de aplicación podría resolver y reestructurar la deuda, además de aplicar multas.
