La gobernadora María Eugenia Vidal anunció un proyecto de ley que implementa cambios en Código Procesal Penal bonaerense, con el objeto de ampliar los derechos de las víctimas durante los procesos penales. La presentación ocurrió en la mansión Seré, lugar ubicado en la localidad de Castelar que funcionó como centro clandestino de detención y torturas en la última dictadura militar.
La iniciativa contempla como innovación en la comisión de delitos graves que los y las damnificadas de delitos puedan participar y expresar su opinión al principio del juicio y al final, como contraparte de las últimas palabras que hace uso el acusado.
Otra prerrogativa será el mayor poder sobre el seguimiento en la ejecución de la pena. Esto permitirá que las víctimas tengan la opción de poder manifestarse contra la concesión de algún beneficio al victimario, como las salidas transitorias, dictámenes de sobreseimiento u otras resoluciones que alivien una acusación o condena. Todo esto hoy no es posible con la ley vigente.
Asimismo, el proyecto establece la creación de cuerpo de Abogados de las Víctimas en el ámbito de la Procuración de la Suprema Corte. Se trata de una patrocinio legal adicional que funcionará como instrumento del Ministerio Público, aunque tendrá un rol diferenciado del fiscal, que representa al Estado en la acusación, y del defensor oficial. Esta asistencia ya se aplica en otras provincias, como Mendoza y Catamarca.
En la misma medida también se creará la figura del «abogado del niño«, que representará a los menores que sean víctimas de episodios de violencia entre sus padres o que sufran un femicidio vinculado.
«Se dará asistencia integral a esos chicos que perdieron a su mamá, con planes del IOMA, vivienda y todo tipo de asistencia que requiera el caso», indicó el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, autor de la reforma.
Actualmente hay 78 menores relevados en esa condición por delitos contra 23 madres. En la Provincia funcionan 13 Centros de Atención de las Víctimas y la propuesta es llevarlo a 21, uno por cada departamento judicial.
Las modificaciones en la reforma procesal penal se completan con «recursos y acciones dirigidas a la damnificada y/o su grupo familiar con posterioridad al hecho delictivo, tendientes a reducir las secuelas del daño, garantizar el reconocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten, evitar los procesos de revictimización y patrocinar jurídicamente en el Proceso Penal», sostiene el texto del proyecto.
Las acciones reparatorias y de contención forman parte del paquete de medidas del anunciado Plan de Género, un programa integral de cooperación entre el Gobierno y los municipios destinado a proteger a la mujer de la violencia.
La reforma procesal se encuadra en el plan de Asistencia Integral a la Víctima de Delito, que también contempla modificar la Ley de Ejecución Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Acompañada por su ex pareja e intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro y el ministro Ferrari, la gobernadora explicó que el objetivo del proyecto es que, además de la prevención y persecución de los ilícitos, el Estado llegue también «al día después, cuando el delito fue cometido y la víctima queda sola y con angustia».
«Hemos visto a las Madres del Dolor recorriendo los canales de televisión en una profunda soledad. Pero hay muchos otros padres de víctimas de la violencia de género, hijos, hermanos, amigos que se quedaron solos porque el Estado no los acompañó en la búsqueda de Justicia para superar un trauma. Este programa trata de dar respuesta esto. La víctima tiene que ser escuchada», sostuvo hoy Vidal pasadas las 9, y pidió a los legisladores de la oposición que apoyen la reforma.
Los cambios serán presentados en las próximas horas en las comisiones de la Legislatura bonaerense y se calcula que tengan tratamiento parlamentario en la segunda semana de agosto.
