El titular de la Fiscalía Federal Nº 6, Federico Delgado, solicitó al juez Sebastián Casanello el procesamiento de los integrantes de la Agencia Gubernamental de Control Claudio Iacobaccio, Fernán García Vázquez, Néstor Cella, Gustavo Herms y Pablo Fontanellas, que estuvieron -o deberían haber estado- controlando las condiciones en las que se desarrollaba la fiesta de TimeWarp, que culminçó con cinco jóvenes fallecidos y otros cinco que estuvieron a punto de morir.

La acusación es por el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, que recomienda sanciones que van entre un mes a dos años de prisión, por lo que puede ser excarcelable.

“Fueron infieles con el cargo de Gerente, Coordinador e inspectores de la Gerencia Operativa de Eventos Masivos dependiente de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el que fueron honrados”, definió el fiscal.

La fiesta Time Warp se realizó en el centro de eventos de Costa Salguero el 15 de abril último y culminó con un trágico saldo que determinó una investigación de la que resultó, según el fiscal, la comprobación de que allí se vendió “keta (ketamina), LSD, éxtasis, cocaína y Superman”, todas ellas drogas sintéticas o “de diseño”.

En la causa que instruye Delgado ya están procesados Víctor Stinfale; Adrián Conci y Maximiliano Ávila -estos dos últimos de Dell Producciuones, la empresa organizadora de Time Warp-; Carlos Garat, el responsable del plan de evacuación ante cualquier emergencia; el jefe de la seguridad interna de la fiesta, Carlos Nicodema Penise y Martín Gontad, el asesor artístico de la fiesta.

El procesamiento responde, según Casanello, a los delitos de comercialización de estupefacientes agravado, abandono de personas seguido de muerte y abandono de personas seguido de grave daño a la salud. Además, trabó embargos por 50 millones de pesos sobre los bienes de todos los imputados.

Como resultado de estas medidas, Conci y Nicodema están presos y Stinfale y Garat fueron autorizados a gusrdar prisión domiciliaria.

Delgado también requirió el procesamiento del prefecto Alberto Pandiani, que tenía bajo su mando a todos los miembros de la fuerza que estaban en la fiesta. Paralelamente, solicitó la detención de Néstor Alarcón Torres, otro miembro de la Prefectura Naval Argentina, que estaba a cargo de los agentes que actuaron encubiertos en la fiesta. Éste oficial pertenece al Departamento de Investigaciones del Narcotráfico.

Todos estos funcionarios cumplían una doble función. Como por arte de birlibirloque, Costa Salguero está en la jurisdicción de la Prefectura, pero los integrantes de la fiesta los contrataron para cubrir “tareas adicionales” mientras la alegría cundía a su alrededor. Es decir, los prefectos cumplían funciones oficiales, pero también cumplían tareas encargadas por Dell Producciones. ¿Doble patrón, doble función, doble moral?

Para muestra, vale un botón: Pandiani fue abastecido en la madrugada de una bolsa en la que había pastillas de éxtasis, cigarrillos de marihuana y otras drogas sintéticas. ¿Quién se la entregó?: Nicodema Penise, jefe de seguridad interna de la organización, cuyos empleados habían incautado la droga a varios de los concurrentes a la fiesta.

Pandiani debió haber comunicado inmediatamente al juez de turno la existencia de la bolsa y haber labrado un acta e iniciado un proceso, pero no lo hizo. En cambio hizo que uno de sus subordinados le suministrara la bolsa del mal al fiscal recién a media mañana, cuando los agentes judiciales estaban inspeccionando el predio de Costa Salguero a causa de la tragedia que ya enlutaba a la ciudad.

En su pedido al juez, Delgado dictaminó que los funcionarios del Gobierno porteño incumplieron sus obligaciones ante la presencia de 20.513 personas en la trágica fiesta, cuando la habilitación sólo autorizaba a 13.000 personas. “La desidia a la hora de cumplir las tareas fue la regla de las autoridades locales en la Time”, dictaminó Delgado.

Los funcionarios porteños no están acusados de contribuir con la venta de narcóticos, algo en lo que sí el fiscal adjudicó responsabilidad a algunos miembros de la Prefectura. Inclusive, Pandiani está procesado por abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, pero no está acusado de permitir la circulación de drogas, algo que se le achacó a Alarcón Torres, que está acusado de los delitos de facilitación del comercio de sustancias estupefacientes y de abandono de personas.

Para Delgado, éste “fue un engranaje decisivo de ese esquema que montaron los organizadores que requería la complicidad policial”. Alarcón tenía bajo su mando a los agentes infiltrados en la fiesta, que incautaron pastillas en varias ocasiones, pero se negaron a practicar su deber de labrar las actas alusivas y luego comunicar el resultado de sus hallazgos a las autoridades judiciales. Por el contrario, se podría sospechar que tanto celo en la difícil tarea de archivar sus incautaciones podría tener por objetivo comercializarlas en el futuro por su propia cuenta y llevar algunos centavos a sus hogares, en estos tiempos de estrecheces económicas.

El fiscal no dejó de recordar que el propio Alarcón poseía información previa -derivada de escuchas telefónicas- acerca de que un grupo de personas se disponía a expender sustancias narcóticas en Time Warp. Una de esas personas resultó ser Lautaro Crespo, que fue detenido días después. Es decir, que el prefecto perseguidor de narcotraficantes, más que dificultar, alentaba la distribución de tóxicos.

Delgado sospecha que Alarcón puede fugarse, por eso pidió su detención, a causa de “la magnitud de los hechos, su grado de responsabilidad y la gama de posibilidades derivadas de su profesión”.

La diferencia en esta ocasión fue la muerte de los jóvenes. Si no se hubieran producido, el comercio seguiría su rutina de fabricación, distribución y venta de sustancias que pueden ser mortales, aunque habitualmente no lo son. El proceso que siguen los agentes gubernamentales suele ser el de hacer la vista gorda ante una actividad que produce enormes ganancias, que se reparten también entre ellos. El 16 de abril, la muerte destapó el negocio, que volverá a ocultarse tras el silencio cuando el tiempo pase.

¿Será así en esta ocasión, otra vez?

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