El legislador Gustavo Vera, organizó un encuentro por pedido del Papa Francisco sobre trata y derechos humanos con los jueces Sebastián Casanello, Daniel Rafecas, y el fiscal Colombo, que estuvieron acompañados por un grupo importante de intendentes peronistas y dirigentes del peronismo.
El evento, organizado por el legislador Gustavo Vera, de La Alameda, en el salón Montevideo de la Legislatura porteña, contó con la presencia de otro de los hombres de máxima confianza del Sumo Pontífice, el arzobispo Marcelo Sánchez Sorondo.
Al evento asistieron el diputado nacional, Omar Plaini; el senador nacional, Fernando Pino Solanas; el diputado nacional Gustavo Arrieta; los intendentes Fernando Gray, Gustavo Menéndez, Hector Olivera, German Lago; el ex canciller y actual diputado del Parlasur Jorge Taiana; el ex embajador en el Vaticano, Eduardo Valdés; María Lujan Rey, referente de los familiares de la tragedia de Once; la ex diputada Nancy Monzón; el ex diputado Daniel Filmus; el ex perito de la Corte Suprema, Alfredo Popritkin; el Dr. Mario Baudry, el secretario de vivienda del Sindicato de Comercio, Sergio Ortiz y los legisladores porteños Carlos Tomada, Paula Penacca, Javier Andrade, Gabriel Fuks entre otros.
El Papa llamó este mismo lunes desde Roma a Vera para coordinar el encuentro, en el que se abordó la idea de tomar a la trata como un delito de lesa humanidad.
El juez Casanello, que tiene a su cargo el caso de Lázaro Báez, aseguró que “los funcionarios judiciales necesitamos de un movimiento social político para prevenir, investigar y sancionar” los delitos de trata y explotación.
Sánchez Sorondo recordó que Francisco planteó que «la trata humana es una nueva forma de esclavitud, como el trabajo forzado, la prostitución, el tráfico de órganos; son crímenes de lesa humanidad» y aseguró que «los Papas deben hacer política, el papa Benedicto XVI hacía política y Pablo VI dijo que la política es una de las formas más altas de la caridad. Esto para los que critican que el papa Francisco haga política».
El obispo de la Academia Pontificia habló también de «darle a los jueces la necesaria autonomía para que pueden administrar justicia» y pidió «que la revolución que está llevando adelante el papa Francisco, que es el proyecto de Cristo, sea realizada e interpretada en el orden internacional, pero primeramente en su país».
