Los concejales de San Isidro opositores al intendente de Cambiemos, Gustavo Posse, ingresaron un proyecto de Ordenanza solicitando la inmediata convocatoria a Audiencia Pública para el debate y la opinión de los vecinos sobre el megaemprendimiento que pretende realizar la empresa CENCOSUD en un predio lindante a la Villa La Cava en Beccar.
La empresa CENCOSUD S.A es propietaria de un predio vendido por el Estado Nacional en la década del 90 perteneciente a la ex-Obras Sanitarias, que está ubicado sobre avenida Centenario esquina Tomkinson en Beccar, donde se desarrollará un mega emprendimiento inmobiliario y comercial que ocupará alrededor de 20 hectáreas en las que se construirán edificios en torre de hasta 13 pisos, un centro comercial con características de mall abierto, viviendas en condominios, locales comerciales, oficinas y un estacionamiento privado.
En el proyecto presentado, los concejales advierten sobre un «conflicto de intereses» en el estudio de impacto ambiental solicitado por la empresa CENCOSUD a la consultora INGLESE S.A.
Es que el Ingeniero José Luis Inglese, titular de esa consultora, desde enero de 2016 preside la empresa estatal nacional Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), concesionaria de los servicios públicos de agua potable y recolección de desagües cloacales para CABA y 24 partidos del conurbano bonaerense, predecesora de la ex- Obras Sanitarias de la Nación, antigüa propietaria de las tierras donde se desarrollaría el emprendimiento inmobiliario de CENCOSUD.
Tras la publicación del Estudio de Impacto Ambiental en el Boletín Oficial Municipal Extra N° 1053/17 el pasado 3 de mayo, vecinos y comerciantes de la zona comenzaron a reclamar al intendente Posse, quien aseguran que otorgó «escasa información» a la comunidad y «un tiempo muy acotado» para el período de vista y observaciones al estudio.
El Bloque del Partido Justicialista de San Isidro elaboró el borrador de proyecto de Ordenanza junto con los vecinos y comerciantes movilizados contra la construcción del mega-emprendimiento inmobiliario-comercial, a través de los abogados que los asesoran y los bloquesdel Frente Renovador, Libres del Sur y Consenso por San Isidro.
El proyecto fue presentado el pasado lunes, con la firma de los concejales Juan Ottavis, Leandro Martín, Marcela Durrieu, Elizabeth Aguirre, Fabián Brest, Gonzalo Beccar Varela, Federico Gelay y Juan Medina, quienes realizaron aportes para el abordaje legislativo de esta problemática.
Uno de los autores del proyecto en cuestión, el concejal peronista Fabián Brest, aseguró que tras un profundo análisis del plexo normativo citado por la consultora para la elaboración del mencionado estudio «encontramos irregularidades».
Y explicó que en el estudio de impacto ambiental se cita con carácter relevante a la Ley Nacional General del Ambiente N° 25.675, pero que sin embargo, al momento de la realización del Estudio de Impacto Ambiental, se la ignora, a los efectos de intentar evitar la convocatoria a Audiencias Públicas.
«Determinamos la suspensión provisoria del mencionado estudio en todos sus términos y del inicio del plan de obras del proyecto, ya que, entendemos que se debe cumplimentar con lo previsto por la Ley Provincial de Grandes Superficies Comerciales N° 12.573 previamente a la realización de la Audiencia Pública, que fija los requisitos de registro de la empresa ante la autoridad de aplicación provincial y la solicitud de un estudio de factibilidad provincial de impacto socioeconómico y ambiental de acuerdo a los artículos 9°, 10°, 11°, 12°,13°, 14°, 15° y 16° de la citada norma», expresó el concejal.
Por último, los concejales reclamaron la participación del Defensor del Pueblo bonaerense, para «controlar y verificar las potenciales irregularidades en esta etapa del proceso en beneficio de los vecinos que pueden verse damnificados por posibles decisiones negativas en materia ambiental, posibilitando de esta manera la Defensa Jurisdiccional que los ampara en el artículo 36° Capítulo IV de la Ley Provincial N° 11.723 de Medio Ambiente”.
