El proyecto  aprobado por el Honorable Concejo Deliberante repudia la aplicación por parte del Gobierno Nacional de Decreto 432/97, que afecta a los beneficiarios de pensiones por discapacidad con pensión otorgada y con trámite en espera. En el mismo sugiere al gobierno el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas  con Discapacidad, a la cual ha adherido nuestro país, a partir de la Ley 26.378, adaptando cualquier otra normativa que se contraponga a dicha Convención.

Asimismo, solicita a la Agencia Nacional de Discapacidad la nómina completa de los ciudadanos de San Fernando que se ven afectados por esta medida. Y repudia la Resolución Nº332/18 de la Agencia por la que se modifica el protocolo de Evaluación y Certificación de Discapacidad, obligando a todos los beneficiarios a re empadronarse, desconociendo los derechos antes adquiridos de conformidad con las Leyes Nº 22.431 de 1981 y la Nº 24.901 del año 1997.

La concejal oficialista, Corina Ramírez, explicó: “Hemos trabajado un proyecto que unificamos junto a Unidad Ciudadana respecto a los conceptos por los cuales nos motivamos a trabajar en la situación de muchas familias de San Fernando con situaciones de discapacidad, considerando la última resolución que sacó el Gobierno Nacional sobre el recorte de las personas que son beneficiarias de la pensión por discapacidad a fin de poder hacer un nuevo censo y poder re caratular la situación de cada uno”.

“Desde el Frente Renovador decimos que la resolución del Gobierno Nacional está basada en un decreto obsoleto del año 1997, que establecía los porcentajes de inhabilidad laboral para cada una de las personas que hacia un trámite por pensión para discapacidad. Vemos claramente un derecho vulnerado a partir de la firma de la Convención de Argentina a los derechos para las personas con discapacidad en 2008”, agregó.

“Intentamos que el bloque de Cambiemos recapacitara sobre esta situación, pero no acompañó. Evidentemente  sus políticas sobre muchas problemáticas sociales no coinciden con la realidad de los vecinos de San Fernando”, aseveró la edil.

La Presidenta de Padres TEA de San Fernando, Gisela Ruiz, presente en el recinto, comentó: “Mucha gente depende del dinero de la pensión y también afecta a la situación laboral de las personas con discapacidad. Acompañamos lo que dijeron los concejales Corina Ramírez e Ignacio Álvarez y esperamos que se marque un precedente sobre este tema y podamos encontrar una respuesta para nuestros hijos y todas las personas con discapacidad en San Fernando”.

Por su parte, el concejal del bloque de Unidad Ciudadana, Ignacio Álvarez, agregó: “Hoy la mayoría de los concejales dijimos que no vamos a permitir que no se incluya a las personas con discapacidad de nuestro distrito y que encima se las excluya del régimen de la Agencia Nacional de Discapacidad. Hicimos un trabajo conjunto en comisión donde quedó expuesto el vicio técnico y administrativo que tiene el decreto  ya que contradicen tratados internacionales a los que suscribió Argentina y pone barreras fácticas a personas en vulnerabilidad, para que no puedan acceder a sus derechos como lo es una pensión”.

Por último, Corina Ramírez sostuvo: “El proyecto salió con un despacho de mayoría, donde el Frente Renovador y Unidad Ciudadana unificamos ambos expedientes y realizamos un trabajo consensuado para solicitar que Anses envié una lista de los sanfernandinos afectados y repudiar las medidas que tomó el Gobierno Nacional respecto a esta problemática. Intentaremos llegar a cada una de las familias que estén en ese padrón a fin de conocer la situación particular y poder representarlos en alguna situación en la que se vean afectados”.

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