La jefa del Bloque Peronista de la Legislatura porteña y dirigente del Nuevo Espacio de Participación (NEP), María Rosa Muiños, rechazó una vez más el procedimiento ilegal y fraudulento que el Gobierno de la Ciudad (GCBA) está llevando adelante para ponerle nombre a las comunas de las Ciudad.

«El GCBA otorga 70 millones de pesos a un programa que se dedica a publicar encuestas por Twitter para ponerle nombre a las comunas a través de maniobras ilegales que arrasan con el derecho de sus habitantes a participar en las cuestiones que los afectan directamente», afirmó Muiños, quien fue durante dos años presidenta de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana de la Legislatura.

Y agregó «El artículo sexto de la Ley de Comunas establece que deben ser sus habitantes los que definan el nombre de las mismas a través de una consulta popular. Esta debe surgir por iniciativa de al menos cuatro de los comuneros y deben participar por única vez sólo los que acrediten tener domicilio en los barrios que la conforman. Sin embargo, tenemos la certeza de que por medio de la cuenta @BAPartCiudadana han votado salteños y estadounidenses, además de porteños de otros barrios y en varias oportunidades. Es decir, que este procedimiento carece de toda transparencia».

Estas ciber-encuestas comenzaron en febrero de este año en la Comuna 1, a pesar de que sus comuneros ya habían elevado en 2015 una propuesta al Tribunal Superior de Justicia, lo cual provocó que todos los legisladores, incluidos los del Pro, aprobaran una resolución para que el Poder Ejecutivo informe por qué se están llevando adelante estos procesos que violan la Constitución de la Ciudad y la Ley de Comunas.

Por otro lado, la dirigente del NEP advirtió que «El GCBA no sólo procede ilegalmente con respecto al nombramiento de las comunas. El mural de Gustavo Cerati en la Comuna 15 también fue votado en una elección promovida de la misma forma: en esa ocasión votaron muchos más vecinos que los que efectivamente viven allí».

«Como este es un año electoral, los 105 comuneros electos pueden llamar a consultas populares en todas las comunas sin que esto conlleve gastos adicionales, tal como ocurrió en 2015 en la Comuna ‘Lisandro de la Torre’ (ex Comuna 9), donde el 80% de los vecinos acompañaron la iniciativa de sus comuneros», concluyó la legisladora peronista.

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