Diputadas y Diputados del Bloque de Unidad Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires repudiamos el Decreto N° 683/2018, firmado por el Presidente de la Nación, Mauricio Macri. Este nuevo Decreto modifica los alcances de la Ley N° 23.554 de Defensa Nacional, que en 2006 limitó la intervención de las Fuerzas Armadas a casos de agresión de otro Estado.

La modificación es ambigua. Amplía las hipótesis que habilitan la intervención militar ante agresiones de origen externo. Posibilita la utilización de las Fuerzas Armadas en acciones represivas contra eventuales «enemigos internos», para habilitar su persecución y represión. Así legitiman la intervención de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad interior, escenario hoy legalmente vedado.

Bajo este pretexto, se transfieren roles propios de las Fuerzas de Seguridad, a las Fuerzas Armadas. Esto se vuelve más alarmante si se complementa con la resolución 157/2017 del Ministerio de Defensa que habilita a las FFAA a realizar informes socio-ambientales, eufemismo usado para referirse a informes de inteligencia.

Desde el final de la última dictadura cívico militar y el comienzo del período democrático a partir de 1983 (el más largo en nuestra historia), se fueron consolidando las instituciones de la República para dejar atrás definitivamente a las intentonas golpistas y el avance sobre la sociedad civil. Si bien hubo avances y retrocesos; la sociedad en su conjunto dijo Nunca Más al autoritarismo, para resolver sus propios conflictos a través de sus instituciones y sin que nada se ubique por encima del resto.

Es un claro retroceso poner los tanques nuevamente en las calles con excusas de modernidad o “nuevos enemigos”. No se trata de algo “antiguo” lo que sucedió en nuestro país donde hay heridas que aun cierran. Porque el 24 de Marzo de 1976 hubo una usurpación al poder popular para implementar un plan económico-cultural en conjunto con un plan sistemático de desaparición de personas, torturas, vejaciones, exilios, persecución política y apropiación de bebés.

Durante todo este período que recorrimos con presidentes de diferentes signos políticos e ideológicos, nunca se rompió el consenso democrático de no volver a que las fuerzas armadas ataquen a sus propios compatriotas. Nunca se plantearon hipótesis de conflicto interno o de persecución (aunque pasamos momentos donde la democracia podría haber estado acosada por algunas corporaciones). Dar este paso en momentos que se acuden nuevamente al FMI, donde se entrega soberanía, va a ser un punto de inflexión para la convivencia por la que venimos luchando las y los argentinos hace ya 35 años.

La decisión política de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner posibilitó la condena judicial a los crímenes de lesa humanidad, la reforma de la doctrina militar, la conducción civil y la formación democrática de nuevos efectivos.

La experiencia histórica del pueblo argentino, el aporte de los organismos de Derechos Humanos, el testimonio de las y los sobrevivientes, la perseverancia de las y los familiares de las personas detenidas desaparecidas y la profunda convicción democrática excluyen a las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad interior.

Rechazamos el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles de nuestro país. No a la militarización en Argentina. Nunca más.

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