Por Redacción de Baires Diario
Daniel Ingrassia, director de Derechos Políticos y Observatorio Electoral de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, conversó con Baires Diario acerca del proyecto presentado por Horacio Rodríguez Larreta para crear el Código Electoral de la Ciudad. La Defensoría del Pueblo había presentado el año pasado un proyecto propio sobre este tema, Ingrassia analiza y compara este proyecto con el del Ejecutivo que podría ser tratado en Febrero en sesiones extraordinarias.
Hace poco el Ejecutivo porteño ingresó el proyecto de ley para crear el Código Electoral de la Ciudad, hasta hace poco se tomaba prestado el de Nación. ¿Cómo es esta situación?
La Ciudad tiene algunas leyes complementarias, por eso votamos con Boleta Única Electrónica y demás, pero no tiene un cuerpo homogéneo por eso se usaba el Código Electoral nacional. Lo que hace la ley electoral es ordenar todas las normativas de forma tal que no queden lugares no regulados.
¿A nivel general que te pareció el proyecto?
Nosotros como Defensoría del Pueblo presentamos el año pasado un proyecto de Ley Electoral en donde hacíamos hincapié en algunas cuestiones básicas. Por ejemplo en que haya una doble instancia en los reclamos, es decir que no lo resuelva todo el Tribunal Superior como instancia única. También proponíamos la creación de un Tribunal Electoral permanente, el Código presentado recientemente crea un Tribunal Electoral temporario, se crea el año de las elecciones y luego se disuelve pero lo que si crea es una Secretaría Electoral permanente. Nos parece bien porque se trata de garantizar la doble instancia, si bien continuamos pensando que lo ideal sería un permanente por la complejidad que tiene el tema. También se incorpora la paridad de género, que nuestro proyecto también contemplaba y que creo está ya fuera de discusión. A lo que obliga este proyecto es a la alternancia en las listas, hombre-mujer y también que se mantenga el género en los reemplazos para de esta manera continuar con la paridad en la cámara.
En el Código presentando por el Ejecutivo se estipula la posibilidad de unificar las elecciones con la nacional, pero en la práctica la Ciudad vota con sistema electrónico y a nivel nacional todavía con boleta de papel. ¿Cómo se compatibilizan estos métodos?
Es todo un tema. La Ley Nacional de Simultaneidad dice que cuando adherís la que prevalece es la norma federal, es decir que votaríamos en caso de simultaneidad como se vota a nivel nacional que todavía es con boleta partidaria de papel. Además, por otro lado, la Ciudad actualmente tiene una ley que prohíbe hacer las elecciones simultáneas cuando se vota Jefe de Gobierno y Presidente, sólo puede ser simultáneas las de medio término. Este nuevo Código deroga esa ley y permite al Jefe de Gobierno decidir si quiere que sean simultáneas o no. Acá lo que hay que salvaguardar es la autonomía de las provincias, por lo tanto nos parece bien que sea potestad del Jefe de Gobierno unificar o no las elecciones.
Un tema que puede traer polémica es el inciso que permite los aportes privados al financiamiento de las campañas. ¿Cómo observas la medida y cómo pensás que puede afectar a nivel político?
El modelo que plantea el proyecto es mixto, hay aporte estatal a las campañas pero también privado con ciertos límites tanto para las personas físicas como jurídicas. El proyecto por lo que pude observar regula bastante, arma un Registro de Proveedores, no permite aportar a contratistas del Estado ni a las empresas de juegos de azar, etc. Nosotros como Defensoría del Pueblo creemos que lo importante acá es que los controles funcionen y que es importante tratar de limitar los gastos de campaña. El proyecto plantea que la Auditoría General de la Ciudad se haga cargo del control, entonces lo que se debe hacer es darle a este ente los fondos necesarios para que los controles sean eficientes. Hay algo clave en los controles electorales y es que hay que hacerlos en el mismo momento, porque luego de las elecciones sería muy difícil, por ejemplo, al descubrir una irregularidad en el ganador imponer algún tipo de sanción ya que ese partido tiene legitimidad popular en los votos. Lo importante es hacer los controles en el momento y para eso se tienen que fijar mecanismos adecuados y fondos suficientes.
De ser aprobado el proyecto se creará la Agencia de Gestión Electoral. ¿Se especifica sobre la conformación de este ente?
A grandes rasgos lo que plantea es que la Legislatura elija al Director de la Agencia por propuesta del Poder Ejecutivo. A su vez ese Director deberá luego armar la estructura del ente. Para la persona que ocupe este cargo hay ciertas restricciones como que no pueda ocupar cargos políticos por una determinada cantidad de años y se le solicita experiencia en temas electorales. Nosotros como Defensoría lo que proponíamos en nuestro proyecto era que lo hiciera todo la Justicia Electoral, que es el modelo histórico argentino, pero igualmente no nos parece mal la Agencia, habría que ver cómo queda regulado el tema y se debe tener bien el claro las limitaciones que tiene el Director.
La Agencia de Gestión Electoral estaría obligada a convocar a un debate entre candidatos, sin embargo según el proyecto no sería obligatorio para los candidatos asistir al mismo. ¿Esto no vaciaría de contenido la instancia?
La obligatoriedad o no del debate es todo un tema porque puede ser hasta anticonstitucional obligar a un candidato a presentarse. Desde la Defensoría creemos muy importante una instancia de este estilo en donde se confronten y se expliquen los proyectos de cada uno pero lo complicado es normar el debate. Debe haber un entramado institucional que permita que el debate se realice y que derive en un costo político para el candidato que no se presente pero obligarlo a concurrir no es posible porque cada uno tiene libertad de plantear su campaña como quiera. Por otro lado nosotros creemos que es muy importante, en caso de realizarse el debate, cuidar la organización de este. Hay que asegurar la transparencia y la neutralidad de la sede, la Defensoría por la experiencia que tiene en el tema podría ser un buen lugar para llevarlo a cabo.
En tu opinión, ¿qué le falta al proyecto?
Mirá, hay una cuestión que nosotros incluíamos en nuestro proyecto con respecto a las personas que están internadas en establecimientos de salud mental, ellas no están privadas sus derechos políticos pero a veces por cuestiones prácticas no votan. Bueno nosotros buscábamos garantizar los medios que faciliten la participación de estas personas. A los que si incluye el proyecto presentado por el Ejecutivo es a los detenidos que tampoco están privados de sus derechos políticos. Es importante garantizar el acceso de esos universos porque es una forma de mantener a la gente involucrada con lo que sucede en su comunidad.
