En la mañana de ayer, el diputado nacional Nestor Pitrola, presentó ante la Camara de Diputados de la Nacion un proyecto de promoción de Juicio Político contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y otros de la Constitución Nacional.
Pitrola dijo “Presentamos el pedido de Juicio Político por considerarlos responsables de un fallo antijurídico ante delitos de lesa humanidad de carácter permanente e imprescriptibles. Se trata de una amnistía a la Dictadura más amplia aún que el indulto de Menem a las Juntas. Hablamos de casi 300 condenados por delitos como secuestros, desaparición forzada, torturas y apropiación de bebés que plantea un nuevo punto final.”
Pitrola agregó “Estamos ante la consumación de una operación política de la que participa el gobierno nacional y la jerarquía eclesiástica que llamó al mismo tiempo a la reconciliación entre las víctimas del terrorismo de Estado y sus responsables. El objetivo es un rescate de las FFAA como nervio del aparato represivo del Estado, su habilitación a intervenir en cuestiones internas y de este modo reforzar el papel represivo del Estado cuando la politica de ajuste económico y descarga de la crisis contra le pueblo trabajador, trae aparejada choques sociales y levantamientos populares como los vistos en el mes de marzo y ahora en Santa Cruz.”
Para Pitrola «Es una política que viene de atrás, cuando el kirchnerismo sostuvo a Milani, dictó la ley antiterrorista y el Proyecto X que se prolongan en la actualidad y se proyectan hacia el futuro legitimando a los inspiradores del gatillo fácil y la represión de hoy» y agregó: «este pedido aporta a este nuevo capítulo de la lucha del pueblo argentino por las libertades democráticas» y convocó a la movilización del miércoles 10 a Plaza de Mayo con la bandera del Juicio Político a la Corte. “El objetivo de esta presentación es defender el legítimo interés del pueblo por el juicio y castigo a los genocidas”.
