La jueza federal de la Seguridad Social Viviana Piñeiro le dio un plazo de ocho días al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para restituir el derecho a los 70 mil afectados por los recortes en pensiones por discapacidad, a partir de una medida cautelar presentada por dirigentes de 1 País.

La medida llevaba la firma del diputado nacional Sergio Massa, el exviceministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, la referente en políticas sociales Malena Galmarini, en tanto que el Dr. Claudio Espósito presentó su apoyo extrajudicial, en los términos del artículo 43 del Código Civil y Comercial de la Nación, al amparo colectivo contra la quita de los subsidios.

En esa oportunidad, la UFISES (Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social) había dictaminado que correspondía otorgar una medida cautelar.

Massa celebró el fallo de Piñeiro y insistió con un pendido a Macri para que «recapacite, vuelva atrás con la decisión y devuelva las pensiones a todos aquellos que se la quitaron» habida cuenta de que, dijo, «tomaron una medida que discrimina a las personas con discapacidad».

«Otra vez, vemos la gravedad de una medida insensible que muestra que estamos frente a un Gobierno que no tiene corazón al momento de tomar decisiones; menos cuando se trata de los más vulnerables”, disparó Massa.

Por su parte, Malena Galmarini aseguró que se trató de una «excelente noticia, las personas con discapacidad no pueden estar a merced de los avances y retrocesos del Gobierno Nacional; necesitan la pensión todos los días. No alcanza con pedir disculpas cuando se juega con la necesidad de los más vulnerables. Ya no son ‘errores’ si siempre castigan a los pobres, son decisiones de gobierno. Nunca se equivocan cuando se trata de los ricos”.

Mientras que el candidato a diputado nacional por 1País Daniel Arroyo sostuvo: “Celebro que la Justicia haya resuelto a favor de quienes más lo necesitan. El Gobierno cortó a lo bestia las 70 mil pensiones, sin importar el daño que provocaban.  Una persona con discapacidad tiene un gasto muy grande en medicamentos y terapias. Con la intención de recortar gastos, han tomado una pésima política”.

También se expresó sobre la medida el Dr. Claudio Espósito, referente del Frente Renovador en políticas para personas con discapacidad, quien declaró: «Es un avance importante en defensa de los derechos humanos de personas con discapacidad. Las pensiones realmente son indispensables para mejorar su calidad de vida. El Gobierno tiene que ser más sensible: que analice cada caso, pero que no castigue a quienes verdaderamente necesitan del subsidio”.

En su fallo (38976/2017), del pasado 7 de julio, la jueza federal de Seguridad Social Viviana Patricia Piñeiro resolvió: «Hacer lugar a la medida de no innovar solicitada e intimar al Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Desarrollo Social, para que dentro de ocho días arbitre las medidas necesarias tendientes a restablecer su pensión no contributiva y la de todos aquellos beneficiarios afectados por la suspensión, que residan dentro del límite territorial de la jurisdicción antes precisada, así como el restablecimiento y pago de las prestaciones de salud, hasta tanto que el juez competente se expida sobre el alcance y vigencia de la medida aquí dispuesta (art. 2, último párrafo de la Ley Nacional 26.854)».

Al respecto, Galmarini indicó: «Es necesario resaltar que, pese a las versiones en algunos medios periodísticos sobre una pronta rehabilitación de las pensiones, en el informe del Estado no se observa ninguna voluntad de restablecer el beneficio, ni a (Carlos) Giménez, ni al resto de los beneficiarios».

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