Alimentos en escuelas de La Plata: Cambiemos denuncia a la antigua gestión

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El intendente de La Plata, Julio Garro, denunció ante la justicia penal el presunto delito de sobreprecios, coimas y precios cartelizados entre los funcionarios y las empresas que manejaban la provisión de alimentos a comedores escolares durante la gestión de su antecesor, Pablo Bruera.

La denuncia por “negocios fraudulentos”, que finalmente recayó en la UFI 7 que dirige Viriginia Bravo, solicita que se investigue cómo se adquirieron  alimentos elaborados para las escuelas públicas de La Plata, los métodos que utilizaron que no fueron transparentes y el riesgo de afectación a la salud pública que ocasionaron en la nutrición de los más chicos.

Fuentes oficiales anticiparon que se sospecha “presunto sobreprecio, pago de coimas del 7 por ciento a funcionarios y precios cartelizados por 4/5 empresas amigas”, en una contraofensiva que pareciera respuesta a la denuncia presentada por Unidad Ciudadana contra la Gobernadora por entregar comida en mal estado a escuelas bonaerenses.

El trámite judicial estuvo a cargo del Secretario de Coordinación platense, Oscar Negrelli y el Subsecretario de Seguridad y Justicia, Darío Ganduglia.

Negrelli aseguró que “en este tiempo, en el Concejo Escolar hemos encontrado demasiadas inconsistencias, que hasta la decisión de la gobernadora Vidal de romper con el SAE había un sistema cartelizado, un sistema de sobreprecios importantes, una lógica que llevaba a que las directoras sean parte de un manejo bastante oscuro”.

En este sentido, explicó que “debían estar cambiando un kilo de carne por lavandina, porque si no no tenían para limpiar los baños”.

Negrelli añadió que también tienen “serias sospechas de cohecho, de un sistema de retornos, que se habla extraoficialmente de hasta un 7 por ciento”.

“Queremos que la Justicia investigue que pasó en estos últimos 10 años, muchos van a a tener que explicar su cambio de vida y hasta transferencias millonarias entre La Plata y un banco de Neuquén”, algunas de las cuales superan, según el funcionario, los 5 millones de pesos.

Fuente: La Tecla